El Ministerio de Educación Universitaria puso en marcha un proceso de consulta para elaborar la nueva Ley de Educación Universitaria. La titular de ese despacho, Ana María Sanjuán, presentó la metodología que se seguirá para debatir y formular el texto legal, según el anuncio oficial.
La decisión de abrir la discusión nacional recibió el respaldo unánime del Consejo Nacional de Universidades (CNU). Ese organismo avaló iniciar un debate con la meta de construir una legislación que, de acuerdo con la ministra, tenga vigencia durante las próximas tres o cinco décadas.
El mecanismo previsto combina asambleas de base en las comunidades académicas, encuentros regionales y una consulta nacional abierta a la sociedad. Sanjuán indicó que la intención es que estudiantes, obreros, administrativos y docentes aporten en la definición del modelo de educación superior que requiere el país.
La funcionaria sostuvo que la ley no será redactada solo por especialistas, aunque estos serán consultados. Según sus declaraciones, los usuarios del sistema tendrán un papel central y la sociedad venezolana podrá conocer y opinar sobre un tema de interés general. El debate también buscará ajustar la oferta académica a las demandas actuales, incluyendo las preferencias de los jóvenes sobre sus carreras y la calidad de los posgrados.
Una vez consensuado el proyecto, este será presentado ante la Asamblea Nacional. El objetivo declarado es asegurar una universidad pública y de calidad mediante una norma que recoja las propuestas surgidas de la consulta.
Qué cambia o a quién afecta
La consulta involucra directamente a quienes integran la comunidad universitaria: estudiantes, personal docente, administrativo y obrero de las instituciones de educación superior. Estos sectores podrán influir en la definición de aspectos como la organización académica, la oferta de carreras y posgrados, y la orientación general del sistema. La convocatoria también se extiende a la sociedad en general, aunque el énfasis está en los usuarios directos del sistema educativo.
El respaldo del CNU, instancia que reúne a las autoridades universitarias, otorga un marco institucional al proceso. Ese aval unánime sugiere que la discusión cuenta con el visto bueno de los rectores y demás representantes del sector, lo que podría facilitar la convocatoria y la participación en las distintas etapas. No obstante, el anuncio no precisó fechas ni plazos para las asambleas de base, los encuentros regionales o la consulta nacional, por lo que se espera que el ministerio detalle el cronograma próximamente.
De cara al futuro, corresponde al despacho de Sanjuán desplegar la metodología, convocar a los sectores y sistematizar las propuestas. Luego, el proyecto consensuado deberá ser llevado a la Asamblea Nacional, donde se iniciará el trámite legislativo. Dado que la norma se proyecta para varias décadas, los acuerdos que se alcancen en esta consulta tendrán un impacto de largo plazo en la educación superior del país.
Fuentes consultadas
- Fuente original: www.eluniversal.com (publicado el 21 de octubre de 2026)
