Una comisión presidencial que evalúa la habitabilidad de viviendas e infraestructuras informó que los equipos de ingeniería revisaron más de 65.000 edificaciones en la región central del país luego del doble terremoto. El presidente de esa instancia, Francisco Garcés, detalló en declaraciones a Unión Radio que durante esas revisiones se encontraron prácticas inadecuadas y deficiencias en los procesos constructivos.
De acuerdo con el funcionario, las evaluaciones cubrieron tanto inmuebles que se derrumbaron por la intensidad del sismo como estructuras que mostraron fallas vinculadas a errores de construcción. Los datos recabados serán utilizados para afinar los criterios de ingeniería y asegurar que las próximas edificaciones cuenten con la flexibilidad requerida frente a movimientos telúricos.
Garcés advirtió que no se autorizará la construcción de nuevas estructuras en La Guaira si no cumplen con exigencias sísmicas más rigurosas. El objetivo de la regulación es reducir la tolerancia a fuerzas e inercias sísmicas y así aumentar la resistencia tanto de las viviendas como de la infraestructura pública.
En cuanto al saneamiento del estado, las autoridades reportan un avance cercano al 40% en la recolección de escombros. Los desechos se concentran de forma temporal en un área situada entre el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y la autopista Caracas-La Guaira, donde serán tratados para reutilizarlos después en obras públicas.
El plan de reconstrucción y el proceso de evaluación han recibido apoyo de delegaciones técnicas y especialistas de varios países, entre ellos Estados Unidos, Chile, Colombia, Portugal, España, Japón, Nueva Zelanda, México y Francia. Según el Ejecutivo, ese intercambio permitirá actualizar los códigos sísmicos y perfeccionar los métodos de construcción en las zonas de mayor riesgo del litoral central.
Qué cambia o a quién afecta
Los desarrolladores, propietarios y profesionales de la construcción que tengan previsto edificar en La Guaira deberán ajustarse a parámetros sísmicos más estrictos. Esto implica revisar diseños, calcular costos adicionales y incorporar soluciones técnicas que respondan mejor a los sismos. Los residentes de la zona, por su parte, se beneficiarían de un parque inmobiliario más seguro, aunque el efecto será gradual y dependerá de la aplicación efectiva de las normas.
El antecedente inmediato es la evaluación de más de 65.000 edificaciones, que reveló tanto colapsos por la magnitud del sismo como fallas atribuibles a procesos constructivos deficientes. Esa data es la base para ajustar los criterios de ingeniería y evitar que se repitan prácticas inadecuadas. La comisión presidencial, encabezada por Francisco Garcés, centraliza la respuesta institucional y coordina con especialistas internacionales de países como Estados Unidos, Chile, Colombia, Portugal, España, Japón, Nueva Zelanda, México y Francia, cuyo aporte apunta a actualizar los códigos sísmicos y las metodologías de construcción en las zonas de mayor riesgo.
En el plano operativo, el avance del 40% en la recolección de escombros y su acopio temporal entre el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y la autopista Caracas-La Guaira marcan el ritmo de la fase de saneamiento. Se espera que, a partir de ahora, la comisión continúe procesando los datos de las inspecciones para definir los nuevos parámetros de edificación y que las autoridades competentes emitan las normativas correspondientes. La reutilización de escombros en obras públicas también forma parte del plan de reconstrucción, aunque no se especificaron plazos exactos para la entrada en vigor de las nuevas exigencias ni para la culminación de la limpieza.
Fuentes consultadas
- Fuente original: finanzasdigital.com (publicado el 25 de septiembre de 2026)
