Cuatro meses después del doble sismo que afectó a La Guaira, 64 familias permanecen en el refugio Sonrisa Grande, ubicado entre la calle 2 de Playa Grande y la bajada de Santa Rita. La vocera de la comunidad y integrante de la contraloría social, Norkis Arzola, informó que las condiciones del campamento, concebido como provisional, se han vuelto permanentes. Los toldos y colchones ocupan los espacios, mientras sábanas improvisan paredes para separar dormitorios. Los baños son improvisados y la lluvia complica la estancia.
Arzola explicó que algunas personas conservan sus viviendas, pero no cuentan con una evaluación definitiva que determine si es seguro regresar. Otras ven sus propiedades amenazadas por construcciones vecinas que aún no han sido demolidas. La comunidad reclama la presencia de ingenieros y especialistas en patología de estructuras para determinar qué casas pueden rescatarse, cuáles deben demolerse y qué trabajos permitirían recuperar las comprometidas por daños vecinos. Las etiquetas rojas y amarillas indican el nivel de riesgo, pero algunas carecen de los códigos QR necesarios para avanzar en los trámites.
El refugio alberga a 350 familias, según la vocera. Muchas de las viviendas originales, construidas en una colina, presentan daños estructurales. Hay escombros junto a casas ocupadas y estructuras vencidas sobre otras propiedades. Arzola denunció indicaciones contradictorias sobre algunas viviendas y señaló que la sala situacional a la que deben acudir permanece cerrada. Además, indicó que les han comunicado que primero se atenderán los urbanismos construidos por el Gobierno y después las viviendas populares, lo que, a su juicio, explica la demora.
En el campamento, algunos vecinos han montado pequeños negocios para generar ingresos mientras esperan respuestas. Mary, una mujer con discapacidad auditiva y del habla, ofrece servicios de peluquería y manicura. Arzola aclaró que estos emprendimientos se sostienen con recursos propios y colaboración comunitaria, y rechazó que se confundan con una solución a la emergencia. También atribuyó a los vecinos las gestiones para conseguir agua y los toldos.
La situación se agrava con las lluvias, que inundan los espacios de descanso. Arzola afirmó que la comunidad ha sido censada en varias ocasiones sin obtener respuestas concretas. “Censo, censo y censo”, repitió para resumir su reclamo. Sostuvo que las familias tienen derechos y que exigir una solución no debería obligarlas a guardar silencio. Algunos vecinos temen denunciar por miedo a perder una ayuda. La vocera insistió en que no piden nada regalado, sino el cumplimiento de sus derechos.
Qué cambia o a quién afecta
La falta de una evaluación técnica definitiva afecta directamente a las 64 familias que permanecen en el refugio Sonrisa Grande, pero también a aquellas que han regresado a sus viviendas sin certeza sobre su seguridad. La ausencia de ingenieros y especialistas impide clasificar las casas en tres categorías: las que pueden repararse, las que deben demolerse y las que requieren reubicación. Sin esa clasificación, las familias no pueden iniciar trámites de reparación ni acceder a programas de vivienda. Además, la presencia de estructuras vecinas en riesgo añade una dimensión colectiva al problema: una vivienda puede ser segura en sí misma, pero insegura por lo que la rodea.
Los antecedentes institucionales explican la demora. Según Arzola, las autoridades han priorizado la atención de urbanismos construidos por el Gobierno sobre las viviendas populares. Esa decisión, comunicada a la comunidad, posterga la evaluación de sectores como Playa Grande. La sala situacional cerrada impide canalizar solicitudes y agrava la incertidumbre. La comunidad ha participado en censos y reuniones sin obtener respuestas que modifiquen las condiciones del campamento. La desconfianza aumenta porque algunos vecinos temen represalias si denuncian.
De cara al futuro, los pasos esperados incluyen la realización de evaluaciones técnicas por parte de ingenieros y especialistas en patología de estructuras. Estas evaluaciones deberían determinar el destino de cada vivienda y permitir a las familias iniciar los trámites correspondientes. También se requiere maquinaria para retirar escombros y demoler las estructuras que representen riesgo. La comunidad espera una explicación sobre los registros realizados y un cronograma claro. Mientras tanto, la temporada de lluvias sigue afectando el refugio y algunas familias ya han regresado a sus casas a pesar de las etiquetas rojas, por cansancio o por falta de alternativas. La vocera advirtió que la oscuridad y la posibilidad de nuevas lluvias incrementan el miedo, y que la respuesta debe llegar antes de que la necesidad obligue a más personas a dormir detrás de una etiqueta roja.
Fuentes consultadas
- Fuente original: www.elnacional.com (publicado el 29 de octubre de 2026)