Una experta en migración sostuvo que Uruguay no debería aceptar migrantes deportados por Estados Unidos, al considerar que un eventual acuerdo de ese tipo podría subordinar la política migratoria nacional a las decisiones de otro Estado. La declaración fue realizada en el marco de un análisis sobre los desafíos actuales de la región en materia de movilidad humana.
La especialista, cuya identidad no fue precisada en la fuente original, argumentó que Uruguay ha construido una política migratoria fundamentada en los derechos humanos, y que ese marco resulta incompatible con mecanismos de tercerización de deportaciones impulsados por otros países. En ese sentido, mencionó experiencias en Europa, como los casos del Reino Unido con Ruanda e Italia con Albania, que enfrentaron cuestionamientos judiciales y de organismos internacionales.
Asimismo, recordó que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, en informes publicados entre fines de 2025 y 2026, exhortó a los Estados a abandonar este tipo de mecanismos por considerar que afectan derechos fundamentales, entre ellos el principio de no devolución de personas solicitantes de asilo.
La experta diferenció esta situación de los programas humanitarios que Uruguay implementó anteriormente para recibir a personas provenientes de Siria o a exdetenidos de Guantánamo. Explicó que aquellos casos respondieron a programas específicos de asilo y protección internacional, diseñados para atender situaciones de conflicto, persecución o graves violaciones de derechos humanos. En cambio, un eventual acuerdo para recibir deportados desde Estados Unidos implicaría, a su juicio, una lógica distinta.
También cuestionó el endurecimiento de la política migratoria estadounidense y señaló que las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han sido observadas por organismos internacionales debido a denuncias de detenciones masivas, separación de familias y otras vulneraciones de derechos. La especialista vinculó este escenario con el crecimiento de discursos que presentan a las personas migrantes como una amenaza, una narrativa que, advirtió, también se ha extendido a distintos países europeos.
Contexto y por qué importa
La discusión sobre la recepción de migrantes deportados por Estados Unidos cobra relevancia en un momento en que varios países de la región, incluido Uruguay, enfrentan presiones externas para adoptar políticas migratorias más restrictivas. Para Uruguay, un país con una tradición de apertura y protección de derechos humanos, la decisión sobre este tipo de acuerdos podría sentar un precedente en su política exterior y en su compromiso con los estándares internacionales. En el caso de Venezuela, la situación migratoria es particularmente sensible, dado el alto flujo de ciudadanos venezolanos que han buscado refugio en la región, lo que hace que cualquier debate sobre deportaciones y asilo tenga implicaciones directas en la estabilidad y los derechos de las personas migrantes.
La advertencia de la experta subraya la necesidad de que Uruguay evalúe cuidadosamente los términos de cualquier acuerdo internacional en materia migratoria, priorizando el respeto a los derechos humanos y evitando mecanismos que puedan vulnerar principios fundamentales como el de no devolución. Este debate también invita a reflexionar sobre el papel de los países receptores y su responsabilidad en la protección de las personas más vulnerables.
Fuente original: www.carasycaretas.com.uy (publicado el 1 de agosto de 2026)
