El Consejo Directivo Central de la ANEP convocó una reunión de carácter urgente con las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura. El objetivo es impulsar cambios en la ley que habilita que los niños no concurran a centros educativos. La convocatoria se produjo después de que la Suprema Corte de Justicia resolviera a favor de la educación en hogares en el caso de los Menonitas.
Pablo Caggiani, presidente del Codicen, señaló que el caso atravesó todas las instancias judiciales. Indicó que el encuentro busca evitar que se repitan situaciones similares y asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes estén dentro del sistema educativo, ya sea en instituciones públicas o privadas, en sus distintas modalidades.
Caggiani también destacó que existe un consenso amplio en el sistema político sobre la necesidad de mantener la obligatoriedad de asistir a la educación, vigente en Uruguay desde hace 150 años. Según su visión, la escuela no solo transmite saberes para la ciudadanía, sino que también enseña a convivir con otros.
El legislador del Partido Colorado, Robert Silva, respaldó la iniciativa del Codicen y recordó que ya había presentado un proyecto con objetivos similares. Silva argumentó que la obligatoriedad está vinculada a la concurrencia al centro educativo por razones de socialización, desarrollo cognitivo y emocional con pares de la misma edad, protección de derechos de los menores y ejercicio pleno de la libertad, incluyendo la convivencia con quienes piensan distinto.
La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) emitió un comunicado en el que criticó el fallo de la Suprema Corte de Justicia y reafirmó su compromiso con la derogación del artículo que permite el estudio en hogares.
Qué cambia o a quién afecta
Las familias que practican la educación en el hogar, en particular la comunidad menonita involucrada en el caso, quedan habilitadas por el fallo judicial para continuar con esa modalidad sin consecuencias legales inmediatas. Sin embargo, la reunión entre el Codicen y el MEC abre la puerta a una modificación normativa que podría restringir esa opción en el futuro. El debate afecta directamente a los padres que optan por no enviar a sus hijos a centros educativos formales y a las instituciones que defienden la obligatoriedad escolar.
El antecedente inmediato es la resolución de la Suprema Corte, que puso fin a un proceso judicial que, según Caggiani, recorrió todas las etapas. Ese fallo activó la respuesta de las autoridades educativas, que ahora buscan preservar el principio de obligatoriedad vigente desde hace un siglo y medio. La existencia de un proyecto previo del legislador Silva y el respaldo de Fenapes a la derogación del artículo configuran un escenario de presión convergente sobre el sistema político para avanzar en una reforma legal.
En los próximos días, se espera que el Codicen y el MEC definan una estrategia conjunta para presentar una iniciativa que modifique la normativa actual. El trámite probablemente requerirá debate parlamentario, donde la iniciativa de Silva podría retomarse. Los plazos dependerán de la voluntad política y de la agenda legislativa, pero la urgencia manifestada por las autoridades educativas sugiere que el tema se instalará rápidamente en la discusión pública.
Fuentes consultadas
- Fuente original: www.subrayado.com.uy (publicado el 24 de septiembre de 2026)
