Unas 500 personas damnificadas por los sismos del 24 de junio han recibido aprobación de créditos habitacionales dentro del Plan Venezuela Renace, según declaraciones de Jimmy Berríos Ojeda, viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores y presidente del Banco del Tesoro. La información fue ofrecida durante una entrevista en el canal estatal VTV.
De acuerdo con el funcionario, en un lapso de cinco semanas el programa ha canalizado US$30 millones para la compra de inmuebles en el mercado secundario. Además, más de 5.000 ciudadanos han consultado sobre las condiciones del financiamiento disponible.
Los afectados que perdieron su hogar pueden escoger una vivienda en cualquier región del país, incluido el estado La Guaira, y luego iniciar el trámite en la banca digital. Las opciones incluyen tres entidades públicas y cuatro privadas, que aplican el protocolo para evaluar cada solicitud.
El plan fue estructurado en dos etapas. En la primera, el solicitante presenta requisitos mínimos ante el banco, que analiza su capacidad de pago para definir el monto del crédito al que puede acceder. Berríos indicó que las instituciones del Estado coordinan la eliminación de aranceles e impuestos inmobiliarios para agilizar la recuperación o adquisición de viviendas.
Entre las medidas adoptadas figura la exoneración de gastos de registro y la articulación con el SAREN y el SENIAT, con el objetivo de responder en un plazo de cinco días. El crédito contempla una tasa preferencial de 5% anual y un año de gracia, durante el cual el beneficiario no paga capital ni intereses. El desembolso se realiza directamente al vendedor y la liquidación se efectúa en divisas.
El Ministerio de Hábitat y Vivienda ha sostenido reuniones con la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, lo que según Berríos brinda garantías a los propietarios que ofrezcan sus inmuebles a través del programa.
Qué cambia o a quién afecta
El impacto inmediato recae sobre las familias que perdieron su vivienda en los sismos. Para ellas, el crédito representa una alternativa para adquirir un inmueble en el mercado secundario, aunque el acceso depende de la evaluación bancaria y de la capacidad de pago demostrada. La cifra de más de 5.000 consultas sugiere que la demanda supera ampliamente las 500 aprobaciones iniciales, lo que plantea un reto operativo para las entidades financieras.
Los propietarios que decidan vender bajo este esquema también resultan afectados, pues las reuniones con la Cámara Inmobiliaria buscan darles certeza jurídica. La exoneración de aranceles y tributos, coordinada con el SAREN y el SENIAT, reduce costos de transacción y apunta a cumplir con el plazo de cinco días estipulado, lo que podría incentivar una mayor oferta de inmuebles en el mercado secundario.
Hacia adelante, el desempeño del plan dependerá de la capacidad de la banca pública y privada para procesar solicitudes y desembolsar los fondos en los tiempos previstos. La tasa del 5% anual y el año de gracia ofrecen un alivio inicial, pero los beneficiarios deberán asumir el pago del capital e intereses a partir del segundo año. El Ministerio de Hábitat y Vivienda tendrá la responsabilidad de monitorear la ejecución y verificar que los recursos lleguen directamente a los vendedores.
Fuentes consultadas
- Fuente original: www.bancaynegocios.com (publicado el 6 de octubre de 2026)
