El presidente del Codicen, Pablo Caggiani, informó que un fallo judicial permitió por primera vez en Uruguay que un niño sea educado fuera del sistema escolar formal. La resolución surgió de un litigio promovido por una familia perteneciente a una comunidad menonita asentada en Florida y recorrió las tres instancias judiciales, incluida la Suprema Corte de Justicia.
De acuerdo con la explicación del jerarca, el cambio de criterio se vincula con la reforma que la Ley de Urgente Consideración introdujo en la normativa educativa. Esa norma reemplazó la exigencia de inscribir y asistir a un centro por la de velar por la educación, lo que generó un margen interpretativo que antes no existía. Caggiani afirmó que nunca antes un fallo había tenido este efecto.
El titular de la ANEP aclaró que la inquietud no se limita a los contenidos que los menores reciben en sus casas. La concurrencia a una institución educativa también facilita el acceso a la salud, la detección de violencia, abuso o maltrato, y la construcción de vínculos entre niños de orígenes diversos. La educación, dijo, transmite saberes para la ciudadanía y también valores que sostienen el orden social, como la libertad, la igualdad, la solidaridad y la democracia.
Para Caggiani, la dimensión del problema crece cuando una propuesta educativa puede aislar a los niños del resto de la sociedad. Sostuvo que si cada familia educa a los menores según su propio criterio, queda en discusión qué arreglo de convivencia se preserva. La ANEP cuenta con el operativo Volví a tu sueño para localizar a quienes están fuera del sistema, aunque la mayoría de las ausencias responde a barreras de acceso o dificultades de inclusión, no a motivos filosóficos o religiosos.
Ante familias que rechazan la educación institucional, el Estado busca abrir un diálogo. Primaria asesora sobre la posibilidad de crear centros que respeten determinadas convicciones, y Caggiani recordó que la propia comunidad menonita ya tiene antecedentes de apertura y cierre de colegios en el país.
Qué cambia o a quién afecta
La resolución altera el vínculo entre las familias y el sistema educativo formal, porque por primera vez una decisión judicial respalda que un menor no concurra a una institución. Esto involucra a los hogares que eligen educar en el hogar por convicciones religiosas o filosóficas, pero también a la ANEP, que debe redefinir cómo controla la obligatoriedad y cómo hace seguimiento de los niños fuera de las aulas. El organismo queda ante la necesidad de ajustar sus protocolos y de precisar qué margen de actuación tiene frente a situaciones similares.
El antecedente institucional que explica el fallo es la modificación del artículo 127 de la legislación educativa impulsada por la LUC. Al sustituir la obligación de inscribir y asistir por la de velar por la educación, se abrió una interpretación que el Poder Judicial utilizó para admitir la educación en el hogar. A eso se suma que la comunidad menonita ya había creado y cerrado colegios en Uruguay, lo que muestra tensiones previas entre ciertas convicciones y las exigencias del sistema formal.
Los próximos pasos incluyen una reunión del Codicen con el Ministerio de Educación y Cultura para evaluar alternativas jurídicas y proponer que el Parlamento discuta el alcance de la norma. Caggiani consideró que podría ser necesario modificar el artículo 127 para restablecer con claridad la obligación de concurrir a un centro educativo, aunque aclaró que debe definirse el mecanismo jurídico adecuado. Esa discusión deberá coordinarse con la Constitución y con el Código de la Niñez y la Adolescencia, que fijan la obligatoriedad de ciertos niveles y la asistencia a instituciones.
Mientras se define ese debate, la ANEP mantiene sus programas de inclusión y seguimiento, y continúa asesorando a familias que buscan preservar convicciones mediante la creación de centros propios. Caggiani vinculó el tema con una discusión más amplia sobre el papel de la educación pública y los límites de la intervención estatal frente a la libertad individual. En Uruguay, ocho de cada diez estudiantes asisten a la educación pública.
En el plano presupuestal, la Rendición de Cuentas aprobada asigna cerca de 300 millones de pesos a la ANEP, 100 millones a la Universidad de la República y 7,5 millones a UTEC para distintas líneas de expansión. Entre las prioridades figuran la extensión del tiempo educativo, la alimentación, las becas, la inclusión y el acceso a la educación superior. Las becas Butiá pasaron de unos 14.000 a 22.000 estudiantes y buscan llegar a 35.000, e incluyen a alumnos de liceos, UTU y propuestas no formales.
La Rendición también unifica cuatro transferencias sociales —asignaciones familiares de trabajadores formales, Tarjeta Uruguay Social, Plan de Equidad y Bono Crianza— y eleva sus montos. Desde el próximo año, los niños de cero a tres años recibirán 10.000 pesos mensuales. Caggiani consideró que la medida es relevante frente a la pobreza infantil, porque en los primeros años se concentran factores decisivos de alimentación, cuidados, desarrollo y educación.
El titular de la ANEP mencionó además los desafíos que plantean las redes sociales y la inteligencia artificial. A su juicio, no se trata de prohibir la tecnología, sino de enseñar a usarla, para que los estudiantes regulen su atención, identifiquen sesgos, evalúen la veracidad de la información y reconozcan contenidos generados con inteligencia artificial. El tema será parte del Congreso Nacional de Educación.
Sobre los resultados del sistema, Caggiani destacó que el egreso de bachillerato subió más de seis puntos porcentuales y recordó que la reducción de la repetición, los grupos más pequeños, las tutorías y los sistemas de protección de trayectorias forman parte de un proceso acumulado durante las últimas dos décadas. El siguiente objetivo, dijo, es generalizar el acceso a la educación superior, para lo cual la ANEP trabaja con la Universidad de la República y UTEC.
Fuentes consultadas
- Fuente original: www.carasycaretas.com.uy (publicado el 28 de septiembre de 2026)
