La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) informó que las casas de estudio superiores del sector público atraviesan una crisis financiera, con un faltante que oscila entre el 95% y el 99% de los recursos necesarios. La organización gremial precisó que el aporte del Estado no alcanza el 5% de lo solicitado, situación que, según su diagnóstico, ha dejado a las instituciones sin las condiciones básicas para operar.
El pronunciamiento coincide con la reanudación de las actividades académicas en el nivel superior. Fapuv indicó que el país se encuentra en el último lugar de la región en materia de financiamiento universitario. Añadió que los docentes acumulan más de cuatro años sin incremento en sus haberes y que el Sistema Patria concentró los pagos, suprimió beneficios que existían previamente e introdujo bonos que, a su juicio, nivelan a la baja y han derivado en dimisiones de personal calificado.
Respecto a la remuneración, el gremio detalló que un profesor titular con dedicación exclusiva percibe el equivalente a 64 centavos de dólar, cantidad que se complementa mediante bonos. El gobierno interino fijó un ingreso mínimo integral de 240 dólares para los empleados de la administración pública. Los sindicatos califican este esquema como una desalarización de las remuneraciones de los profesores universitarios.
La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) consideró arbitrario y excluyente el procedimiento del Ministerio de Educación Universitaria, dirigido por Ana María Sanjuán, para pagar el Bono de Responsabilidad Profesional. La asociación sostuvo que se excluyó de manera sistemática y deliberada a una parte de la nómina de las casas de estudio. Sanjuán, con trayectoria académica y sin militancia en el PSUV, asumió la cartera con el compromiso de fomentar el diálogo y atender los problemas del sector. No obstante, la tensión ha aumentado y los docentes han realizado paros para demandar respuestas.
Los profesores afirman que se multiplican las quejas por el deterioro de los campus, que operarían sin conexión a internet, sin laboratorios, sin comedores y con el transporte detenido. Sostienen que la gratuidad educativa ya no existe, pues los gastos recaen en las familias y en el personal de las instituciones. Fapuv rechaza que la matrícula universitaria haya crecido, como sostienen las autoridades. La ministra Sanjuán reportó que 397.556 estudiantes se inscribieron en el Sistema Nacional de Ingresos para 363.971 plazas disponibles, y que finalmente 237.754 bachilleres obtuvieron cupos asignados.
El presidente de la APUCV, José Gregorio Afonso, manifestó: «Nosotros entendemos que las soluciones no son de un día para otro, que son graduales, pero tienen que empezar a darse». La federación argumenta que la realidad difiere de las cifras oficiales, ya que la inscripción no garantiza la asistencia: el hambre, los cortes eléctricos y la necesidad de trabajar llevan a miles de jóvenes a interrumpir sus estudios. Fapuv también afirma que el 85% de las universidades públicas está bajo control directo del gobierno, y menciona a la OPSU, la Plataforma Patria y las intervenciones en infraestructura como mecanismos de centralización que, según el gremio, vulneran la autonomía universitaria.
Qué cambia o a quién afecta
El faltante presupuestario señalado por Fapuv impacta de manera directa en la comunidad universitaria. Los docentes, con haberes sin ajustes durante más de cuatro años y una porción significativa de sus ingresos dependiente de bonos, ven reducida su capacidad de compra. Los estudiantes enfrentan campus con servicios básicos deficientes, lo que puede influir en su decisión de continuar o abandonar la carrera. Las familias, por su parte, asumen erogaciones que antes correspondían al Estado, en un contexto donde el principio de gratuidad de la educación superior está cuestionado.
Los orígenes institucionales del conflicto ayudan a entender su magnitud. La centralización de pagos a través del Sistema Patria y la eliminación de beneficios históricos transformaron la estructura salarial del sector. La designación de Ana María Sanjuán al frente del Ministerio de Educación Universitaria generó expectativas de apertura al diálogo, pero los paros y las denuncias por exclusión en el pago de bonos reflejan una creciente fricción. La intervención de la OPSU y de la Plataforma Patria en la asignación de cupos y recursos profundiza la percepción de pérdida de autonomía, un principio arraigado en las universidades venezolanas.
Hacia adelante, se prevé que los gremios sostengan sus exigencias y que las autoridades presenten respuestas concretas. El presidente de APUCV admitió que las soluciones deben ser paulatinas, pero subrayó que deben iniciarse. No hay plazos definidos, aunque la presión social podría aumentar si no se atienden los reclamos. La comunidad universitaria sigue de cerca si el ministerio retoma el diálogo o si continúan las medidas que los docentes consideran arbitrarias. El curso de los acontecimientos dependerá de la negociación entre las partes y de la voluntad de revertir el déficit que, según Fapuv, ahoga a las universidades públicas.
Fuentes consultadas
- Fuente original: www.infobae.com (publicado el 11 de septiembre de 2026)
