El gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció el viernes 14 de agosto la excarcelación de 131 presos políticos, según un comunicado difundido por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela. Organizaciones defensoras de detenidos comenzaron a verificar cada caso, y hasta el domingo se habían confirmado 78 liberaciones.
Las excarcelaciones ocurrieron dos días después de finalizar el primer ciclo del diálogo impulsado por Estados Unidos entre el gobierno interino y una delegación opositora. Aunque el acuerdo alcanzado no incluyó la libertad de todos los presos políticos, Ramón López, exdiputado e integrante de la delegación opositora, aseguró que el tema fue planteado desde el inicio de las conversaciones. “No puede haber diálogo nacional si no hay liberación plena de todos los presos políticos. Y hoy salen 131. Nuestro trabajo tiene que estar enfocado en que salgan todos”, expresó en una entrevista.
Entre los excarcelados se encuentran personas vinculadas al Caso Dron y a la Operación Gedeón. Algunos acumulaban años de prisión, denuncias de torturas, condenas máximas y cuestionamientos de organismos internacionales, según reseñó El País.
Casos emblemáticos
Uno de los casos más conocidos es el de Emirlendris Benítez, detenida el 5 de agosto de 2018 mientras viajaba en taxi con su pareja. La comerciante fue vinculada con el supuesto atentado con drones contra Nicolás Maduro y acusada de terrorismo y conspiración. En 2022 recibió una condena de 30 años de cárcel. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que fue sometida a abusos físicos durante su embarazo, perdió a su bebé y sufrió secuelas que afectaron su movilidad. Su situación fue presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y el Parlamento Europeo. Amnistía Internacional también denunció dificultades para que recibiera atención médica adecuada. Ocho años después, salió de prisión en silla de ruedas.
Otro caso es el de María Auxiliadora Delgado Tabosky, arrestada el 19 de marzo de 2019 junto con su esposo, Juan Carlos Marrufo Capozzi. Ambos fueron señalados por financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir y vínculos con el supuesto atentado de 2018. Aunque un tribunal ordenó su excarcelación en junio de 2019 por falta de elementos suficientes, la decisión no se ejecutó de inmediato. Finalmente salió en octubre de ese año, pero agentes de las FAES la volvieron a detener horas después. En diciembre de 2022 fue condenada a 30 años por terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.
Daniel Zambrano, también excarcelado, estaba detenido desde el 28 de mayo de 2022. Su caso estuvo ligado al de su hermano Juan Nahir Zambrano, una persona dentro del espectro autista que fue excarcelada el 9 de marzo de este año. Según el relato de su familia, Juan Nahir fue engañado por funcionarios de la Dgcim con la promesa de reincorporarlo a la Guardia Nacional. Daniel salió a buscarlo y posteriormente fue detenido por agentes encapuchados. Los hermanos terminaron incluidos en el mismo expediente por una supuesta conspiración contra Maduro. La madre, Luz Arias, exigió que les den libertad plena, ya que recibieron medidas cautelares que les obligan a presentarse cada 30 días en tribunales y les prohíben salir del país.
Las liberaciones representan un avance parcial en medio de un proceso de diálogo que continúa, aunque organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de que se libere a todos los presos políticos y se garantice su integridad física y jurídica.
Fuente original: www.elnacional.com
