La Academia de Ciencias Políticas y Sociales rechazó este lunes 3 de agosto la decisión del gobierno encargado de Venezuela de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el retiro del país de la Corte Penal Internacional (CPI). Mediante un pronunciamiento, el organismo sostuvo que la medida es moralmente inaceptable, viola la Constitución venezolana y no puede afectar la investigación abierta por la Fiscalía de la CPI en 2021 sobre presuntos crímenes de lesa humanidad.
El pasado 24 de julio, el canciller Félix Placencia informó que, por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, comunicó a la ONU la decisión de abandonar el tratado. Esta acción se produce en un contexto de transición política, donde el gobierno interino ejerce funciones de manera temporal.
Según la Academia, el Estatuto de Roma tiene jerarquía constitucional en Venezuela por tratarse de un instrumento relativo a los derechos humanos. Por ello, sus disposiciones forman parte del bloque de la constitucionalidad y prevalecen en el orden interno. La institución consideró que excluir el tratado del ordenamiento jurídico excede las competencias ordinarias del Ejecutivo.
Además, recordó que la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 rechazó que los tratados sobre derechos humanos pudieran ser denunciados. También cuestionó que una decisión de esa trascendencia fuera adoptada por un gobierno encargado, cuyo mandato es transitorio y se limita al ejercicio de funciones hasta la elección de un nuevo presidente.
El gobierno interino presentó la denuncia sin previa consulta ni explicación de las razones o fundamentos que la justifican. La Academia explicó que, incluso si el retiro fuese jurídicamente posible, no tendría efectos retroactivos. El artículo 127.2 establece que “la denuncia no exonerará al Estado de las obligaciones que le incumbieran de conformidad con el presente Estatuto mientras era parte en él”.
Por tanto, Venezuela deberá continuar cooperando con las investigaciones y procesos iniciados antes de que la denuncia entre en vigor. Por último, el organismo pidió al gobierno interino retirar la denuncia y mantener su cooperación contra la impunidad.
Contexto y por qué importa
Esta decisión se enmarca en la situación política venezolana, donde el gobierno encargado busca redefinir su relación con organismos internacionales. Para los lectores de Venezuela y Uruguay, es relevante porque el Estatuto de Roma es un pilar en la lucha contra la impunidad en la región. La postura de la Academia subraya la importancia de respetar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, un tema sensible en ambos países. La investigación de la CPI sigue en curso, lo que implica que Venezuela debe mantener su cooperación, independientemente de la denuncia.
Fuente original: www.elnacional.com (publicado el 3 de agosto de 2026)
