La diáspora venezolana supera los 7.9 millones de personas en 2025, lo que representa más del 22% de la población original del país. Este desplazamiento, el más numeroso registrado en la historia reciente de América, ha reconfigurado la economía de Venezuela y de las naciones receptoras. En ese contexto, las remesas se han consolidado como una fuente de divisas de primer orden para millones de familias.
De acuerdo con estimaciones actualizadas a septiembre de 2025, los envíos de dinero hacia Venezuela rondan los 4.5 mil millones de dólares al año. Ese monto equivale a cerca del 3% del producto interno bruto y supera a varias exportaciones no petroleras. Un 29% de los hogares venezolanos recibe estos recursos, que en muchos casos cubren hasta el 80% de los ingresos mensuales y permiten afrontar gastos de alimentación, medicinas y vivienda.
El flujo de divisas también ha impulsado la dolarización informal de la economía venezolana, donde el dólar estadounidense se usa cada vez más en transacciones cotidianas. Ante las restricciones de la banca tradicional, han ganado terreno los envíos digitales y las criptomonedas, que reducen costos y evitan barreras regulatorias. Desde 2019 funciona el sistema Remesas Patria, una iniciativa oficial para canalizar estos fondos mediante el sistema financiero y el mercado de criptoactivos.
La integración laboral de los migrantes presenta obstáculos. Aunque el 49% de los venezolanos en el exterior tiene formación universitaria, según la OIM, las tasas de informalidad son elevadas: en Colombia alcanza al 67% de los venezolanos frente al 56% de los locales; en Ecuador dos tercios trabajan de manera informal, y en Perú solo el 9.5% se emplea en su área de especialización. La brecha salarial también es notoria: los trabajadores locales ganan en promedio un 30% más, diferencia que se amplía cuanto mayor es el nivel educativo.
Otros factores agravan la situación, como la dificultad para convalidar títulos, los límites legales a la contratación de extranjeros, la discriminación indirecta en procesos de selección, la xenofobia y la falta de documentación regular, que afecta especialmente a las mujeres. Muchos migrantes han buscado ingresos en la economía informal, desde ventas ambulantes hasta reparto y transporte. En Lima, donde el 70% de la economía es informal, los venezolanos han encontrado espacios laborales, aunque sin protección social.
El emprendimiento ha sido otra vía de subsistencia. En Panamá, empresarios venezolanos han invertido más de 1.8 mil millones de dólares en la última década y han generado unos 40,000 empleos, aunque la mayoría de los negocios migrantes son pequeños y operan en la informalidad. Algunos han recurrido al entretenimiento digital, incluidos casinos en línea, una opción riesgosa. Plataformas de reseñas como Capitán Casino han detectado más búsquedas sobre estos servicios, mientras expertos alertan sobre la adicción y las pérdidas económicas. Organizaciones de apoyo recomiendan formación vocacional, microcréditos y regularización migratoria para acceder a empleos formales.
Los estudios disponibles contradicen la idea de que la migración sea una carga. En Colombia, los venezolanos aportaron 529.1 millones de dólares en 2022, casi el 2% de los ingresos tributarios. El FMI calcula que una integración efectiva podría elevar el PIB de los países receptores hasta 4.5 puntos porcentuales para 2030. En Ecuador, la contribución anual se estima en 900 millones de dólares, con 47 millones en impuestos; en Perú se proyectan 530 millones para 2024, equivalentes al 1.35% de la recaudación tributaria.
Varios gobiernos han desplegado programas de regularización. Colombia, mediante el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, ha regularizado a más de 1.9 millones de personas y en septiembre de 2024 anunció planes para 600,000 más. Ecuador informó en mayo de 2024 un proceso para 100,000 venezolanos, que se suman a los 95,000 con residencia temporal ya obtenida.
Pese a esos avances, persisten carencias. El Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes 2024 indica que la mitad de los refugiados y migrantes en América Latina no puede costear tres comidas diarias ni acceder a vivienda adecuada, lo que los expone a mendicidad, endeudamiento y otras situaciones extremas. La xenofobia ha crecido al calor de percepciones erróneas sobre competencia laboral y criminalidad. Investigaciones en Colombia señalan que, si bien no se reporta discriminación directa generalizada, sí existe discriminación indirecta, sobre todo en trámites con instituciones públicas y en estereotipos difundidos por medios.
Las previsiones para finales de 2025 apuntan a que cerca de un millón más de venezolanos podría emigrar, hasta alcanzar 8.4 millones, según el FMI. Los factores expulsores siguen presentes: 86.9% de pobreza, falta crónica de alimentos y medicinas, servicios básicos deteriorados y un espacio cívico restringido, con más de 900 presos políticos. Los movimientos secundarios aumentan, con migrantes que se trasladan desde los primeros países de acogida hacia otros con mejores oportunidades. En 2024, 238,000 personas cruzaron el Darién hacia Norteamérica, de las cuales 158,000 eran venezolanas, un 30% menos que en 2023. Los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos, como la cancelación del programa CHNV y las restricciones al TPS, han llevado a algunos a considerar el retorno voluntario; más de 10,000 han vuelto mediante el programa «Vuelta a la Patria», aunque enfrentan estigmatización y dificultades para reintegrarse.
Qué cambia o a quién afecta
La magnitud de las remesas condiciona la vida diaria de casi un tercio de los hogares venezolanos. Para esas familias, cualquier cambio en el volumen de los envíos o en las comisiones de los servicios de transferencia altera su capacidad de compra y su acceso a bienes básicos. Los migrantes que envían dinero deben elegir entre canales restringidos y alternativas digitales o con criptomonedas, una decisión que impacta directamente en el monto que llega a destino. En los países receptores, la presencia laboral venezolana modifica la composición del empleo formal e informal y los ingresos fiscales, aunque los datos disponibles muestran un saldo positivo.
El contexto institucional ayuda a entender el fenómeno. La creación de Remesas Patria en 2019 intentó encauzar los flujos por vías oficiales, pero las limitaciones persisten y explican la preferencia por mecanismos alternativos. Los procesos de regularización en Colombia y Ecuador han otorgado documentación a cientos de miles de personas, si bien la informalidad y la brecha salarial siguen limitando el aprovechamiento del capital humano migrante. Esa subutilización representa una pérdida de productividad para las economías que reciben a los trabajadores.
Hacia el futuro, los plazos dependen de las decisiones oficiales. Las proyecciones del FMI sobre un aumento de la migración hasta 8.4 millones a finales de 2025 presionarán los sistemas de integración y los programas de regularización. La cancelación de programas estadounidenses como el CHNV y las restricciones al TPS podrían incentivar retornos voluntarios, aunque quienes vuelven enfrentan estigmatización y obstáculos para reintegrarse. Las organizaciones de apoyo insisten en la formación vocacional, los microcréditos y la regularización como herramientas para reducir la vulnerabilidad y aprovechar el aporte económico de la diáspora.
Fuentes consultadas
- Fuente original: www.globovision.com (publicado el 29 de septiembre de 2025)
