Dos iniciativas para facilitar el acceso a una vivienda fueron dadas a conocer por la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, en un encuentro con empresarios organizado por ADM en el Radisson Victoria Plaza. La primera, Abriendo Puertas-Alquiler, ya tiene abierto su primer llamado con 75 unidades distribuidas entre Montevideo, Tacuarembó y Artigas. La segunda, Abriendo Puertas-Primera Vivienda, se presentará a mediados de octubre en conjunto con el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).
Al acto asistieron el secretario de Presidencia, Alejandro «Pacha» Sánchez; el titular de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; las ministras Lucía Etcheverry (Transporte), Fernanda Cardona (Industria) y Cristina Lustemberg (Salud Pública); los subsecretarios Daniel Olesker (Industria) y Christian Di Candia (Vivienda); y la expresidenta Lucía Topolansky.
La exposición de Paseyro se organizó en torno a siete ideas que, a su juicio, reducen la complejidad del problema habitacional. La primera de ellas sostiene que alcanza con construir casas para resolverlo. La ministra aceptó que la construcción es necesaria, pero diferenció las situaciones: hay hogares que podrían pagar un alquiler y sin embargo quedan excluidos del circuito formal por exigencias de garantía, depósito o nivel de ingresos.
Como respaldo, mencionó que un tercio de los hogares inquilinos vuelca más del 30% de sus ingresos a la vivienda, y que en el primer quintil ese porcentaje promedia 37,6%. Para la ministra, la cifra que importa no es la cantidad de unidades producidas sino cuántos hogares consiguen resolver su necesidad habitacional.
El programa Abriendo Puertas-Alquiler apunta a hogares monoparentales y a jóvenes que buscan emanciparse. La meta oficial es llegar a 3.300 soluciones en 2029, combinando vivienda pública con subsidios parciales para alquileres en el mercado privado. En cuanto a Abriendo Puertas-Primera Vivienda, está pensado para hogares con capacidad de pago que requieren condiciones más favorables para comprar: articula un préstamo del BHU con un subsidio a la cuota que aporta la cartera. Paseyro vinculó ambos planes con un compromiso asumido por el presidente Yamandú Orsi en el primer consejo de ministros.
La segunda idea cuestionada fue medir el éxito de la política de asentamientos solo por cuántos se reducen. La ministra ejemplificó con Piedras Blancas, donde cerca de 100 familias cercanas a una cañada deben ser realojadas por riesgo de inundación, mientras otras necesitan obras de infraestructura, saneamiento y mejoras habitacionales. Señaló que un asentamiento de 10 hogares y otro de 300 pesan igual en el indicador aunque las carencias sean distintas. Añadió que en los asentamientos irregulares activos viven unas 193.000 personas y que el gobierno duplicó los recursos para atender la emergencia, con US$ 700 millones previstos en el presupuesto.
El tercer punto discutido fue la idea de gestionar la vivienda al margen de las demás políticas sociales. Paseyro sostuvo que las condiciones habitacionales inciden en salud, educación, empleo y pobreza infantil, y resumió que las personas no viven los problemas por separado. En ese marco mencionó Crece desde el Pie, dirigido a hogares muy vulnerables con embarazadas y niños de hasta tres años, que ya opera en nueve departamentos, acumula 83 soluciones y aspira a cubrir todo el país en 2027, con meta de 1.200 soluciones en 2029.
También se refirió a Más Barrio, una intervención territorial coordinada por Presidencia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda junto con el Mides y las intendencias, orientada a zonas con vulnerabilidad social, violencia y precariedad habitacional. Los primeros territorios serán Cerro Norte (Montevideo), Las Piedras (Canelones), San Antonio (Maldonado), Las Higueras (Durazno) y La Colina (Rivera). El programa dispone de una línea de crédito de US$ 250 millones y prevé invertir US$ 50 millones en su primera etapa.
El cuarto mito fue considerar la vivienda social como un gasto. La ministra la defendió como inversión que moviliza construcción, proveedores, transporte, servicios profesionales y empleo. Indicó que hay 26 edificios de vivienda pública proyectados hacia 2030, con una inversión estimada de US$ 115 millones. Sobre cooperativismo, informó que desde el inicio de la administración hasta junio se terminaron más de 3.000 viviendas y hay otras 5.800 en ejecución. En vivienda promovida, 2025 marcó un récord con 326 proyectos ingresados que representan 15.281 viviendas, 32% más que en 2024; el 60% correspondió a emprendimientos de hasta 20 unidades y Montevideo redujo su participación histórica.
El quinto mito negaba el valor de innovar en vivienda social. Paseyro defendió el uso de madera y recordó que desde 2011 el sistema público impulsó más de 1.000 viviendas sociales con ese material. Afirmó que la vivienda pública puede ser espacio de innovación, aunque aclaró que incorporar nuevos sistemas no implica flexibilizar estándares. Mencionó que Uruguay tiene más de un millón de hectáreas de bosque plantado y que se busca agregar valor a la producción local, generar empleo y acortar tiempos de obra.
El sexto eje fue el ordenamiento territorial. La ministra rechazó que su función se limite a definir dónde se puede construir y planteó que debe anticipar el crecimiento de las ciudades y la localización de vivienda, empleo, transporte y servicios. Puso el caso de Ciudad Vieja, que perdió más del 60% de su población en las últimas cinco décadas, y preguntó si tiene sentido seguir extendiendo la ciudad con infraestructura mientras hay suelo e inmuebles subutilizados en áreas consolidadas.
Por último, rechazó que la política de vivienda deba diseñarse de arriba hacia abajo. Abogó por incorporar a gobiernos departamentales, cooperativas, organizaciones sociales, academia y sector privado en el diseño y la ejecución. Dijo que participar no sustituye planificar, pero que el Estado decide mejor cuando incorpora el conocimiento de cada territorio. Al cerrar, informó que en el primer año de gestión el ministerio concretó 9.345 soluciones habitacionales y tiene 19.674 en ejecución.
Qué cambia o a quién afecta
Los dos programas recién anunciados apuntan a segmentos que hoy encuentran obstáculos concretos. Abriendo Puertas-Alquiler prioriza a hogares monoparentales y a jóvenes que quieren independizarse, grupos que suelen quedar fuera del mercado formal por exigencias de garantía o de ingresos. Abriendo Puertas-Primera Vivienda se dirige a hogares con capacidad de pago pero sin condiciones suficientes para comprar, y combina financiamiento del BHU con un subsidio a la cuota. En ambos casos, el universo destinatario no es el de la vivienda pública tradicional ni el del mercado privado sin apoyo.
Estas iniciativas se apoyan en una estructura que el ministerio ya viene desplegando. Crece desde el Pie opera en nueve departamentos con 83 soluciones entregadas y meta de 1.200 para 2029, mientras que Más Barrio articula a Presidencia, Interior, Vivienda, Mides e intendencias en cinco territorios con una línea de crédito de US$ 250 millones y US$ 50 millones para la primera etapa. Esa arquitectura interinstitucional sugiere que la ejecución de los nuevos planes dependerá de la coordinación con el BHU, las intendencias y otros organismos, además de los recursos ya previstos.
En cuanto a los plazos, el lanzamiento de Abriendo Puertas-Primera Vivienda está previsto para mediados de octubre junto al BHU. El primer llamado de Abriendo Puertas-Alquiler ya está en marcha con 75 unidades en Montevideo, Tacuarembó y Artigas, y la meta oficial es de 3.300 soluciones hacia 2029. A esto se suman los 26 edificios de vivienda pública proyectados hacia 2030 con una inversión estimada de US$ 115 millones y la aspiración de cobertura nacional de Crece desde el Pie en 2027. Estos hitos permiten seguir la implementación y evaluar si los objetivos se cumplen en los plazos anunciados.
Fuentes consultadas
- Fuente original: www.elpais.com.uy (publicado el 7 de octubre de 2026)
