Un análisis elaborado por Moebius Inteligencia Inmobiliaria calculó que la inversión argentina en vivienda promovida (VP) en Uruguay activó un impacto económico total de 1.647 millones de dólares a lo largo de 17 años. El estudio, difundido esta semana, desagrega por cohortes anuales el efecto de las compras realizadas por inversores del país vecino desde 2013 hasta las unidades próximas a entregarse.
Según la base oficial de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), en ese período se registraron 56.933 unidades de vivienda promovida declaradas. El trabajo de Moebius estima de forma conservadora que el 22% de esas unidades fueron adquiridas por inversores argentinos, lo que equivale a 10.913 unidades. A partir de esa participación, el modelo calcula no solo el monto de compra inicial sino también los flujos económicos que esas propiedades generan año tras año en Uruguay.
El impacto total se compone de 1.254 millones de dólares de inversión directa acumulada, que representa el 76% del total, y 392 millones adicionales correspondientes a lo que el estudio denomina impacto extendido. Este último incluye alquileres cobrados, gastos de adquisición, tenencia impositiva, gastos comunes y comisiones inmobiliarias, todos medidos en pesos uruguayos y dentro del circuito formal.
La metodología del informe parte de considerar cada año de compra como una cohorte independiente. Las unidades adquiridas en 2013 llevan 12 años generando flujos, mientras que las de 2024 apenas acumulan uno. Los precios de compraventa y alquiler utilizados provienen de la base de Inmovin para Montevideo, calculados como promedio ponderado entre 20 barrios y tres tipologías: monoambiente, un dormitorio y dos dormitorios.
El perfil del inversor argentino en vivienda promovida se distribuye en un 55% de monoambientes, 35% de un dormitorio y 10% de dos dormitorios. La mayoría de esas unidades se destina al alquiler: el 95% de los monoambientes, el 85% de los de un dormitorio y el 75% de los de dos dormitorios se vuelcan al mercado rentístico.
Qué cambia o a quién afecta
El análisis pone el foco en los agentes económicos que participan de la cadena de servicios asociada a la vivienda promovida. Administradores de edificios, empresas de conectividad, inmobiliarias que gestionan alquileres y el propio municipio a través de tributos son algunos de los actores que reciben flujos anuales derivados de estas unidades. El estudio calcula que solo los gastos comunes suman 34,7 millones de dólares en pesos pagados en Uruguay, mientras que las comisiones de alquiler y garantías aportan 12,8 millones al sistema de intermediación inmobiliaria.
Los antecedentes institucionales explican la magnitud del fenómeno. La Ley 18.795 de Vivienda Promovida, vigente desde hace 17 años, estableció un marco de incentivos que ha sostenido un flujo constante de unidades declaradas ante la ANV. La participación argentina se ha mantenido estable en torno al 22% estimado, y el ciclo de VP que viene es el más grande de la historia: la cohorte 2024 registra 6.288 unidades, el máximo hasta ahora, y las proyecciones para 2025 y 2026 superan ese número. Si la participación argentina se mantiene, el impacto del capital del país vecino no está declinando sino en su punto más alto.
De cara al futuro, el informe señala que las cohortes más antiguas seguirán alimentando el circuito económico durante los próximos años, mientras que las más nuevas lo harán por una o dos décadas. El texto destaca que Uruguay cuenta con el marco regulatorio y el historial de rentabilidades para posicionar a la vivienda promovida como un activo de inversión regional, aunque hasta ahora no había sistematizado los datos de esta manera. El análisis fue elaborado por Gonzalo Martínez Vargas, CEO de Moebius Inteligencia Inmobiliaria.
Fuentes consultadas
- Fuente original: www.ambito.com (publicado el 10 de abril de 2026)
