Una movilización intersectorial está prevista para el martes 13 de octubre en Caracas. La concentración inicial se realizará a las 9 de la mañana en la Esquina Corazón de Jesús, frente a la sede del Ipasme, ubicada en la avenida Universidad. Desde allí, los asistentes prevén desplazarse por la avenida Fuerzas Armadas y luego por la Urdaneta hasta las inmediaciones del Palacio de Miraflores. La convocatoria agrupa a maestros, personal de salud, trabajadores universitarios y abogados, quienes insisten en que la actividad es pacífica y de naturaleza estrictamente sindical, sin vinculación política.
La Federación Venezolana de Maestros (FVM), Fetrasalud y otros sindicatos del área sanitaria, junto con representantes universitarios, figuran entre los convocantes. A ellos se suma el Frente Nacional de Abogados de Venezuela. Noé Mujica, presidente de esa organización, informó que sus integrantes participarán para dar lectura pública a un documento dirigido a la Comisaría General del Ejército, la Dirección Nacional de la Policía Nacional Bolivariana, la Casa Militar y los cuerpos policiales del Estado. Mujica también invitó a los profesionales del derecho de todo el país a acompañar a los docentes, al personal técnico y obrero, a los universitarios y a los sindicatos de salud.
El pliego de demandas incluye varios puntos. Los gremios piden que se revisen y ajusten las tablas salariales, que permanecen sin cambios desde 2022. Solicitan además que se retome la discusión de las convenciones colectivas y que se cancele el bono de profesionalización o de responsabilidad profesional a todo el personal, sin distinción entre activos, administrativos, obreros, jubilados y pensionados. Otro requerimiento es que los aguinaldos y bonificaciones de fin de año se calculen sobre el ingreso integral. También plantean que el Sistema Patria deje de ser el único mecanismo para pagar las nóminas. Según los organizadores, los trabajadores de salud y educación reunieron cerca de 40.000 firmas en respaldo de estas peticiones.
En paralelo a la actividad en Caracas, en los estados están previstas concentraciones frente a las sedes de las gobernaciones. El propósito es entregar el mismo documento de exigencias en esas oficinas regionales. La marcha capitalina contará con la presencia de dirigentes como Carmen Teresa Márquez, de la FVM, y de representantes de Fapuv, Fetrasalud y otros sindicatos, así como de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, entre ellas Provea.
Qué cambia o a quién afecta
El impacto directo recae sobre los empleados públicos de los sectores convocados. Maestros, enfermeros, médicos, personal administrativo y obrero de universidades, así como jubilados y pensionados, son quienes enfrentan la congelación de sus ingresos y la falta de actualización de sus contratos colectivos. La protesta visibiliza una situación que afecta tanto a trabajadores activos como a quienes ya culminaron su vida laboral, pues las demandas incluyen el pago de bonos y el recálculo de prestaciones para ambos grupos. La presencia de abogados añade un actor que reclama institucionalidad en el trato con los cuerpos de seguridad, lo que amplía el espectro de afectados más allá de lo estrictamente salarial.
Los antecedentes que explican esta convocatoria se remontan a la ausencia de ajustes en las escalas salariales desde 2022 y a la paralización de las negociaciones de las convenciones colectivas. Esa combinación ha deteriorado progresivamente el poder de compra de los trabajadores y ha impedido que se discutan mejoras en las condiciones laborales. El uso del Sistema Patria como canal exclusivo para el pago de nóminas es otro punto que los gremios cuestionan, pues consideran que limita la transparencia y la previsibilidad de sus ingresos. La entrega de miles de firmas y la lectura de un documento ante instancias castrenses y policiales reflejan una estrategia que combina presión social con solicitudes formales a las autoridades.
Hacia adelante, se espera que la concentración se desarrolle según lo previsto y que los organizadores hagan entrega del pliego en las oficinas correspondientes, tanto en Caracas como en las gobernaciones. La respuesta de las autoridades marcará el rumbo de las próximas semanas. Si no hay avances en los puntos planteados, los sindicatos podrían evaluar nuevas acciones, aunque por ahora la convocatoria se mantiene dentro de un marco pacífico y gremial. El respaldo de las 40.000 firmas y la participación de ONG de derechos humanos sugieren que el movimiento busca sostener su reclamo con un respaldo ciudadano documentado y con la vigilancia de organizaciones de la sociedad civil.
Fuentes consultadas
- Fuente original: efectococuyo.com (publicado el 12 de octubre de 2026)
