El Poder Ejecutivo anunció que remitirá al Parlamento un proyecto de ley interpretativo de la Constitución. La iniciativa pretende que los ciudadanos legales nacidos en el extranjero sean reconocidos como nacionales uruguayos. El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, presentó la medida en conferencia de prensa.
La Constitución uruguaya diferencia entre ciudadanía natural y legal. Los ciudadanos naturales están definidos en el artículo 74 e incluyen a los nacidos en el país y a los hijos de uruguayos inscriptos en el Registro Cívico. Los legales, regulados por el artículo 75, son extranjeros que cumplen requisitos y tramitan su carta de ciudadanía. El proyecto busca que ese segundo grupo también sea considerado nacional a efectos del pasaporte.
Según Díaz, una interpretación constitucional atribuida a Justino Giménez de Aréchaga ha impedido que los ciudadanos legales figuren como nacionales en el documento de viaje. Esto genera dificultades en países que no admiten doble nacionalidad, porque el pasaporte indica la ciudadanía pero no la nacionalidad. El prosecretario señaló que la ley no regula pasaportes, sino que interpreta la Constitución; una vez aprobada, los documentos emitidos consignarán que ambos tipos de ciudadanos son nacionales uruguayos.
El anuncio también abordó un requisito de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que entrará en vigor en 2027. Esa norma exigirá que los pasaportes incluyan el lugar de nacimiento. Díaz aclaró que el proyecto no resuelve ese punto y que su cumplimiento no depende del Poder Ejecutivo, aunque Uruguay deberá adecuarse para que el documento mantenga validez.
Qué cambia o a quién afecta
Los principales alcanzados son los ciudadanos legales nacidos fuera de Uruguay que ya obtuvieron su carta de ciudadanía. Para ellos, el reconocimiento como nacionales en el pasaporte podría simplificar gestiones migratorias y de viaje en terceros países que exigen que el documento refleje la nacionalidad del titular. El cambio también impactaría en la forma en que el Estado emite esos pasaportes, aunque no modifica los requisitos para obtener la ciudadanía legal.
El antecedente citado es la interpretación de Giménez de Aréchaga, que durante años llevó a que los ciudadanos legales no fueran considerados nacionales. Ese vacío fue reclamado por los afectados ante instancias internacionales, según el relato oficial. La ley interpretativa no requiere mayorías especiales, a diferencia de reformas constitucionales o normas sobre sufragio y Corte Electoral, lo que podría facilitar su trámite legislativo. El gobierno sostiene que se trata de un asunto de justicia y derechos humanos y confía en el respaldo de todas las fuerzas políticas.
No obstante, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez anticipó su oposición por motivos constitucionales. Argumentó que la Carta Magna distingue nacionalidad de ciudadanía y que el artículo 81 impide asemejarlas por ley, ya que la nacionalidad no se pierde al naturalizarse en otro país mientras que la ciudadanía legal sí. Este planteo anticipa un debate parlamentario sobre los límites de la interpretación constitucional. Si el proyecto prospera, el cambio se vería en la emisión de pasaportes, pero el requisito de la OACI para 2027 seguirá siendo un desafío separado que el país deberá cumplir.
Fuentes consultadas
- Fuente original: www.elobservador.com.uy (publicado el 9 de octubre de 2026)
