Un informe de la organización no gubernamental venezolana FundaRedes, correspondiente a 2022, examina las condiciones del sistema educativo en seis estados del país y concluye que la desigualdad social complica el acceso a servicios básicos como la salud y la enseñanza. El documento se apoya en un seguimiento diario de las escuelas y universidades y en una encuesta aplicada en Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia.
El estado físico de los planteles aparece como uno de los problemas centrales. Según el texto, varias sedes de escuelas y universidades carecen de mantenimiento en pintura, techos y paredes, lo que en la práctica impide que las clases presenciales se desarrollen con regularidad. La organización advierte que esa situación pone en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes, el grupo más expuesto dentro del sistema.
Los datos de la encuesta muestran que el deterioro predomina en el sector público. Un 38 por ciento de los planteles oficiales fue calificado en mal estado, proporción que incluye un 17,5 por ciento de escuelas rurales y un 21,05 por ciento de urbanas. Entre los colegios privados, solo uno reportó aulas deterioradas. Además, un 22 por ciento de las instituciones no dispone de canchas ni de otros espacios para la actividad física, mientras que un 30,5 por ciento los tiene pero en condiciones deficientes. Respecto al mobiliario, un 40 por ciento señala pupitres en mal estado y, dentro de ese grupo, un 24 por ciento indica que además resultan insuficientes para la matrícula.
El factor salarial explica en parte la salida de maestros de las aulas. El informe recoge el testimonio de un docente según el cual el ingreso mensual promedio por la labor de enseñanza ronda los 50 dólares, monto que varía según el caso. Esa cifra contrasta con la preparación del gremio: más del 92 por ciento completó estudios universitarios y cerca de la mitad cuenta con posgrado. La combinación de sueldos bajos y escasez de recursos económicos ha impulsado el abandono de la docencia.
La seguridad es otro eje del diagnóstico. Dos de cada tres centros educativos han sufrido hurtos, de acuerdo con la organización. Asimismo, muchas escuelas rurales operan en áreas donde hay presencia de grupos armados ilegales (GAI); un 11 por ciento de los docentes, equivalente al 8 por ciento del total encuestado, afirmó que esos grupos se han involucrado en el desarrollo de las actividades educativas. Aunque el informe lo describe como una minoría de casos, subraya que no debe minimizarse.
En comunidades indígenas, la continuidad escolar depende en ocasiones de cruzar la frontera. El documento cita el caso de buena parte de la niñez de Puerto Ayacucho, en Amazonas, que se desplaza a diario hasta Colombia para asistir a la Institución Educativa Antonia Santos de Casuarito. Por último, FundaRedes documenta una emergencia sanitaria dentro del sistema educativo, con poblaciones vulnerables afectadas por desnutrición, acceso limitado a la salud y aumento de enfermedades infecciosas en algunas zonas del país.
Qué cambia o a quién afecta
El diagnóstico incide primero en las familias de los seis estados monitoreados, que deben decidir si sus hijos asisten a planteles con techos, paredes y mobiliario en mal estado. La falta de pupitres suficientes y de espacios deportivos condiciona la rutina escolar y obliga a las comunidades a buscar alternativas dentro de un sistema público que concentra las peores condiciones. Los docentes, por su parte, enfrentan una brecha entre su formación y la remuneración, lo que influye en la decisión de permanecer o dejar las aulas.
El valor del informe radica en su método: un seguimiento cotidiano del sistema educativo y una encuesta regional que permitió identificar problemas diferenciados entre planteles rurales y urbanos, públicos y privados. Ese antecedente operativo de FundaRedes ofrece una base concreta para discutir prioridades, aunque sus hallazgos corresponden a 2022 y a las entidades estudiadas, por lo que no deben extrapolarse sin verificación al resto del país. La mención de hurtos y de presencia de grupos armados añade un componente de seguridad que excede el ámbito pedagógico.
Hacia adelante, el documento deja tareas pendientes que dependen de autoridades educativas y comunidades: recuperar infraestructura, garantizar mobiliario y espacios físicos, revisar la política de ingresos docentes y atender la seguridad de los planteles rurales. Para la niñez indígena y fronteriza, la solución pasa por alternativas educativas locales que eviten el traslado diario a otro país. La emergencia de salud señalada exige, además, coordinación entre el sector educativo y el sanitario. El informe no fija plazos ni anuncia medidas oficiales, de modo que el seguimiento de estos temas queda sujeto a futuras evaluaciones.
Fuentes consultadas
- Fuente original: www.eltiempo.com (publicado el 14 de agosto de 2023)
