La justicia uruguaya confirmó la investigación penal contra el director de Pranabest S.A., empresa vinculada a la marca Valentino Uruguay, por presuntos delitos de estafa y falsificación relacionados con el uso no autorizado de marcas de Adidas. La defensa había apelado la formalización de la pesquisa, pero el Tribunal rechazó el recurso al considerar que existen elementos objetivos y suficientes para que el proceso continúe.
La representante legal de Adidas en Uruguay, Virginia Cervieri, valoró el fallo y señaló que la resolución ratifica la solidez de la investigación fiscal. “Si bien la formalización no implica una condena, el Tribunal fue claro al señalar que no estamos ante una conducta manifiestamente ajena al derecho penal ni ante una simple controversia comercial”, afirmó.
Contexto del conflicto
La controversia no se limita al uso del nombre Adidas. La empresa deportiva también promovió acciones para cancelar el registro de la submarca Y-3, que Pranabest S.A. tenía registrada desde 2014. Según Adidas, ese registro responde a un supuesto “modus operandi” de apropiarse de marcas de reconocimiento internacional. La multinacional fundamentó su reclamo en la figura jurídica de la marca notoria, que protege signos distintivos ampliamente reconocidos.
En paralelo, continúa otro litigio relacionado con productos comercializados bajo la marca Valentino. Los representantes legales de la firma italiana presentaron nuevas pruebas, incluyendo peritajes y evidencia física, para demostrar que los modelos vendidos constituyen reproducciones de los diseños originales. La controversia puso el foco sobre los locales de Valentino en Punta del Este, identificados como el destino final de mercadería incautada en el puerto de Montevideo.
Implicaciones legales
Cervieri explicó que el caso involucra dos activos clave de Adidas: su denominación comercial y el diseño de las tres tiras. “Su utilización en productos no autorizados vulnera los derechos exclusivos de la compañía y puede inducir al público a creer que está adquiriendo productos originales”, sostuvo. La abogada también advirtió que la falsificación trasciende el perjuicio económico, ya que afecta a consumidores, distorsiona la competencia y debilita la confianza en el mercado legítimo.
La Ley de Marcas vigente en Uruguay prevé sanciones penales para quienes utilicen, fabriquen o imiten marcas registradas sin autorización con fines de lucro. Una vez acreditada la falsificación mediante pericias, la mercadería debe ser decomisada y destruida. La confirmación de la formalización permite que la investigación penal continúe mientras la Fiscalía reúne nuevos elementos para determinar eventuales responsabilidades.
Fuente original: www.carasycaretas.com.uy