Durante el cierre de la Expo Prado 2026, el 19 de setiembre, el titular de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, fijó posición sobre varios temas de la agenda pública. En su discurso descartó que existan condiciones para negociar una reducción general de la jornada laboral, cuestionó el conflicto en el puerto de Montevideo y abogó por una reconversión del Estado. Del acto participaron la presidenta interina Carolina Cosse, el ministro de Ganadería Alfredo Fratti, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el intendente de Florida Carlos Enciso, entre otras autoridades.
El eje económico de su mensaje apuntó al orden fiscal. Ferber indicó que cada punto de déficit fiscal equivale a unos 900 millones de dólares anuales que el Estado debe obtener y que el déficit del Sector Público consolidado pasó los 3.880 millones de dólares el año anterior. Sostuvo que sin ordenar las cuentas públicas se atacan consecuencias y no una causa de fondo de la falta de competitividad. Sobre el tipo de cambio real, dijo que está cerca de un 4% por debajo de sus fundamentos, aunque recordó que Uruguay ha tenido desalineamientos de hasta un 25%. Valoró que el Banco Central ya no utilice la tasa de sus instrumentos monetarios para pilotear el tipo de cambio, pero aclaró que eso no resuelve el problema. También respaldó el proyecto de Ley de Competitividad del Ministerio de Economía y reclamó que el propio Estado se reconvierta antes de exigir eficiencia al sector privado, mencionando la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para simplificar trámites y bajar costos.
Respecto al conflicto entre la Terminal Cuenca del Plata y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), Ferber consideró inaceptable que el país quede condicionado por un enfrentamiento entre una concesionaria y un sindicato. Afirmó que cuando el interés general está comprometido, el Estado debe ejercer plenamente su autoridad. Evaluó como correcta la decisión de fijar un servicio mínimo, aunque lamentó la demora, y cuestionó que el perjuicio económico formara parte de la estrategia sindical y que esa forma de actuar tuviera respaldo en autoridades del Ministerio de Trabajo. «El puerto pertenece al Uruguay», enfatizó, al señalar que no pertenece ni a la empresa operadora, ni al sindicato, ni al gobierno de turno.
En materia laboral, la ARU acompañó la postura de otras cámaras empresariales al afirmar que hoy no se dan las condiciones para una reducción general de la jornada. Ferber mencionó el acuerdo de la construcción, que bajó de 44 a 40 horas semanales, pero criticó los paros convocados cuando llegaba el hormigón, porque generan pérdidas económicas enormes e irreversibles. Calificó esas prácticas como de carácter claramente extorsivo cuando se elige el momento de mayor perjuicio para presionar a la contraparte. Como ejemplo opuesto, recordó el caso de Fábricas Nacionales de Cerveza, que redujo su jornada hace más de dos décadas y pasó de unos 500 empleados en 2004 a evaluar mantener apenas 100 puestos. Planteó que antes de presentar la reducción general como una conquista hay que preguntarse si hace más sostenible o más vulnerable el empleo. En el agro, advirtió que la escasez de mano de obra ya limita la producción y propuso modernizar normas laborales e invertir en infraestructura para que los trabajadores puedan radicarse en el medio rural.
El dirigente rural elogió los avances en inserción internacional, en particular el acuerdo Mercosur-Unión Europea, los progresos con el Acuerdo Transpacífico y la solicitud de adhesión a la Asociación Económica Integral Regional. Dijo que se capitalizan líneas de trabajo iniciadas hace años y que Uruguay debe aprovechar su trayectoria seria dentro del Mercosur. En cuanto al agua para Montevideo y el área metropolitana, manifestó preocupación por la propuesta de OSE de concentrar la solución en la represa de Casupá y propuso evaluar con urgencia un bombeo desde Juan Lacaze, Colonia, que complemente la cuenca del Santa Lucía con agua del Río de la Plata. Advirtió que la incertidumbre sobre el uso futuro del agua ya afecta la inversión y la planificación productiva en toda la cuenca, y cuestionó que el Ministerio de Ambiente aplique criterios más estrictos al sector privado que al propio Estado en obras de gran impacto territorial.
Sobre el Instituto Nacional de Colonización (INC), Ferber pidió reformarlo sin cerrarlo. Afirmó que ha llegado el momento de redefinir su rol y actualizar su legislación, porque la ley fundacional no responde a problemas como los minifundios improductivos o la administración ágil de las tierras que ya posee. Rechazó tanto la idea de seguir comprando tierras como si nada hubiera cambiado como la de cerrar la institución. «Entre la inmovilidad y la demolición existe un camino mejor: reformarlo para que vuelva a ser útil al país», concluyó.
Qué cambia o a quién afecta
Las definiciones de la ARU impactan en la negociación laboral y en la agenda de empleo. Al descartar una rebaja general de la jornada, el gremio empresarial condiciona eventuales acuerdos en consejos de salarios o iniciativas legislativas. Los trabajadores de la construcción y del agro quedan en el centro de un debate donde se contraponen mejores condiciones y sostenibilidad de los puestos. En el puerto, el respaldo al servicio mínimo y las críticas al sindicato tensionan la relación entre la Terminal Cuenca del Plata, el Supra y el Ministerio de Trabajo. La propuesta de reformar el INC involucra a colonos y a la administración de tierras, mientras que la preocupación por el agua en Casupá alcanza a OSE, al Ministerio de Ambiente y a los productores de la cuenca del Santa Lucía. El respaldo a los acuerdos comerciales y la crítica al déficit fiscal marcan la agenda de competitividad que deberán atender el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía.
Fuentes consultadas
- Fuente original: www.montevideo.com.uy (publicado el 19 de septiembre de 2026)
