Puerto: vence plazo del gobierno para destrabar conflicto y sigue sin acuerdo

El conflicto laboral en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo continúa sin resolución mientras se agota el plazo de 72 horas establecido por el Poder Ejecutivo para que el sindicato y la empresa alcancen un entendimiento. Así lo confirmó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, quien destacó como un avance la aceptación del gremio a que exista una guardia gremial en la terminal, aunque persisten diferencias sustanciales sobre su alcance operativo.

Según las declaraciones recogidas, la principal discrepancia entre las partes radica en la cantidad de grúas que deben atender a un barco. Este punto, que no ha sido detallado públicamente, se mantiene como el obstáculo central para cerrar un acuerdo. El ministro expresó su expectativa de que en las próximas horas la negociación pueda reencauzarse y se logre un consenso dentro del plazo fijado por el gobierno.

Consultado sobre si la esencialidad de los servicios portuarios fue uno de los temas abordados en las reuniones, Mieres aseguró que no se habló de ese mecanismo ni en el encuentro del martes ni en el del miércoles. «Tampoco es una cosa que esté en el menú», afirmó, y subrayó que se trata de una decisión que corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo. «Todavía esa decisión no se ha tomado», enfatizó.

Fuentes del gobierno explicaron que la esencialidad de un servicio puede adoptarse ante situaciones de huelga que pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de toda o de una parte de la población, independientemente de si se trata de una empresa pública o privada. En esos casos, aplica la obligación de cumplir con los servicios esenciales. El concepto que han adoptado los gobiernos uruguayos para la declaración de esencialidad es el elaborado por el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las mismas fuentes indicaron que el puerto no está catalogado como un servicio esencial. Sin embargo, advirtieron que si el conflicto se extiende, podrían declararse servicios mínimos a cumplir. Esta posibilidad queda abierta como herramienta del Poder Ejecutivo, aunque hasta el momento no se ha activado.

Qué cambia o a quién afecta

La falta de acuerdo mantiene en vilo la operativa de la terminal de contenedores, un eslabón clave para el comercio exterior uruguayo. Si el plazo de 72 horas vence sin consenso, el Poder Ejecutivo podría evaluar la declaración de servicios mínimos, lo que obligaría a los trabajadores a garantizar ciertas tareas. Esto afectaría directamente a los operadores portuarios, a las empresas exportadoras e importadoras y a los transportistas que dependen de la carga y descarga de mercadería. Además, la incertidumbre sobre la guardia gremial y la cantidad de grúas por barco incide en los tiempos de atención de las embarcaciones, lo que puede repercutir en costos logísticos y en la planificación de las cadenas de suministro.

El sindicato había aceptado la presencia de una guardia gremial, lo que fue valorado como un avance por el ministro Mieres. No obstante, la discusión sobre cuántas grúas debe atender cada barco sigue sin resolverse. Este aspecto operativo es determinante para la productividad de la terminal y para las condiciones laborales de los trabajadores. La negociación continúa y se espera que en las próximas horas las partes puedan acercar posiciones para evitar que el conflicto se prolongue más allá del plazo establecido.

El gobierno ha optado por no intervenir directamente con la declaración de esencialidad, confiando en que el diálogo entre el sindicato y la empresa permita destrabar la situación. La herramienta de los servicios mínimos queda latente como opción si no se alcanza un acuerdo. Mientras tanto, la actividad portuaria sigue condicionada por la incertidumbre, y los actores involucrados aguardan una definición que podría tener efectos inmediatos en la operativa diaria del puerto de Montevideo.