En las zonas afectadas por los sismos del 24 de junio en La Guaira, decenas de familias mantienen una vigilia constante frente a los edificios colapsados. Su principal exigencia es que las autoridades suspendan los planes de demolición hasta que se complete la recuperación de los cuerpos de sus seres queridos, quienes permanecen bajo los escombros.
María Ugas, residente de las Residencias Luisa Cáceres de Arismendi, conocidas como OPP36, en Playa Grande, perdió a ocho familiares durante el terremoto. Desde entonces, junto a otros vecinos y voluntarios, ha participado en las labores de búsqueda con herramientas manuales, ante la demora en la llegada de maquinaria especializada. “La D ha trabajado con las uñas”, afirmó en referencia a la torre donde aún hay desaparecidos.
Los familiares denuncian que, pese a los avances logrados, las autoridades ordenaron detener los trabajos por el riesgo de colapso de las estructuras. Sin embargo, consideran que la demolición antes de concluir la búsqueda significaría la pérdida definitiva de la posibilidad de identificar y despedir a sus allegados. “Si demuelen, ya no vamos a encontrar nada”, expresó una mujer que perdió a su único hijo y a otros cinco parientes.
Búsqueda sostenida por voluntarios
En el sector El Caribe, parroquia Caraballeda, la situación es similar. En la OPP26, los residentes han excavado túneles manualmente para acceder a los pisos colapsados. Un familiar, que pidió reserva de su identidad, relató que lograron ubicar el cuerpo de una niña, pero nadie acudió a trasladarlo durante horas. “El amigo tuvo que llevarla esta mañana”, dijo, en referencia a un rescatista voluntario.
Elías Hernández, rescatista voluntario con experiencia en montaña, se sumó a las tareas días después del sismo. “Ya logramos sacar a las cuñadas de unos muchachos. Ahorita estamos trabajando para recuperar al hermano. Todavía falta una bebé”, explicó. Hernández destacó que los trabajos avanzan con recursos limitados, como cinceles eléctricos prestados, picos y palas.
Los familiares reconocen el riesgo que implica permanecer en estructuras inestables, pero insisten en que el derecho a despedirse de sus seres queridos es prioritario. “Lo que queremos es sacar a nuestros familiares y darles una verdadera sepultura como manda la ley”, señaló uno de los presentes.
La comunidad espera que las autoridades consideren sus demandas y permitan concluir las labores de recuperación antes de cualquier intervención que impida el reencuentro con sus seres queridos.
Fuente original: www.elnacional.com