El director del Observatorio de Universidades (OBU), Carlos Meléndez, informó este martes 17 de noviembre que el 54 % de los jóvenes universitarios consultados en Venezuela ha pensado en dejar sus estudios superiores. De ese grupo, el 37 % atribuyó esa idea a la necesidad de contribuir económicamente en sus hogares. Los resultados provienen de la encuesta más reciente del organismo, presentada en una rueda de prensa en la Universidad Central de Venezuela (UCV).
El estudio se basó en 2.147 encuestas realizadas en 24 estados del país, en 45 universidades públicas y siete privadas. Según el informe, el 67 % de los jóvenes cursa estudios en modalidad presencial, el 29 % en modalidad híbrida y el 4 % solo en un entorno virtual. Meléndez señaló que la falta de información oficial sobre deserción dificulta los diagnósticos y que, entre 2012 y 2025, la matrícula de estudiantes universitarios disminuyó un 34 %.
Además de la presión económica, el OBU identificó otras dificultades que amenazan la permanencia en las aulas. La falta de transporte afecta al 54 % de los encuestados, con una brecha de siete puntos porcentuales en perjuicio de las mujeres. Le siguen los cortes de electricidad (52 %), la falta de profesores (38 %) y la coincidencia entre el horario laboral y las clases (31 %).
El informe también revela carencias en servicios y apoyos institucionales. El 46 % de las instituciones no ofrece ningún beneficio socioeconómico estatal. Entre los estudiantes, el 97 % afirma no tener acceso a atención médica hospitalaria, el 78 % no recibe becas, el 70 % no cuenta con transporte institucional, el 88 % no tiene servicio de orientación y el 74 % no se beneficia de comedores. En cuanto a servicios básicos, el 88 % indicó que no hay agua continua en sus instituciones, el 80 % que los baños no funcionan con frecuencia y el 77 % que las aulas no tienen iluminación habitual. La conectividad también es limitada: el 93 % no accede a internet de forma continua en su universidad, el 90 % estudia con un teléfono inteligente propio y solo el 30 % posee una computadora portátil personal.
Dirigentes estudiantiles de la UCV participaron en la presentación. Miguelángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, sostuvo que los datos muestran que no existe priorización en la formación de nuevos estudiantes y advirtió sobre una «privatización silente» de la educación superior, al señalar que tres de cada diez jóvenes ha realizado algún pago de «colaboración» para el funcionamiento de su universidad. En cuanto a los costos directos, el 51 % de los consultados asume gastos mensuales de entre 40 y 80 dólares, el 29 % desembolsa entre 160 y 400 dólares y un 10 % destina 400 dólares o más.
Qué cambia o a quién afecta
Los hallazgos del OBU colocan en el centro del debate la permanencia estudiantil como un problema estructural que involucra a las universidades, al Estado y a los propios estudiantes. La necesidad de apoyar económicamente en el hogar, señalada por el 37 % de quienes han pensado en abandonar, sugiere que las decisiones sobre continuar o no los estudios están atravesadas por la urgencia de ingresos familiares. Esto afecta especialmente a quienes cursan carreras largas y deben sostener gastos mensuales que, en la mitad de los casos, oscilan entre 40 y 80 dólares, según la encuesta.
Las deficiencias en servicios básicos y en apoyos institucionales también inciden en la experiencia cotidiana. La falta de transporte, agua, electricidad e internet continuo no solo dificulta la asistencia, sino que obliga a los estudiantes a buscar alternativas que pueden entrar en conflicto con los horarios académicos. La brecha de género en el acceso al transporte, con siete puntos porcentuales más de mujeres afectadas, añade una dimensión de desigualdad que el informe pone de relieve. A ello se suma que el 46 % de las instituciones no ofrece ningún beneficio socioeconómico estatal, lo que limita las redes de apoyo disponibles.
El contexto institucional explica parte de estas limitaciones. Meléndez recordó que el 85 % de las casas de estudio superior son controladas actualmente por el gobierno, lo que concentra en el Ejecutivo la responsabilidad sobre políticas de financiamiento y servicios. La disminución del 34 % en la matrícula entre 2012 y 2025, junto con la opacidad en las cifras oficiales de deserción, dificulta medir la magnitud del fenómeno y diseñar respuestas. Los dirigentes estudiantiles plantearon la necesidad de descentralizar la educación superior y de que el Estado priorice la atención a las universidades, aunque no se especificaron plazos ni compromisos concretos por parte de las autoridades.
De cara a los próximos meses, los datos del OBU podrían alimentar el debate sobre el presupuesto universitario y las condiciones de acceso. La encuesta no establece plazos de implementación de políticas, pero deja constancia de que la permanencia estudiantil depende de factores que van más allá del aula: transporte, servicios públicos, conectividad y apoyos socioeconómicos. La ausencia de una segunda fuente limita la verificación independiente de las cifras, que provienen exclusivamente del informe presentado por el Observatorio de Universidades.
Fuentes consultadas
- Fuente original: efectococuyo.com (publicado el 17 de noviembre de 2026)