La Asamblea Nacional Ordinaria Técnico Docente de Educación Inicial y Primaria (ATD) aprobó un documento de 137 páginas durante su XXXV reunión, realizada entre el 19 y el 23 de octubre en el Parque de Minas. El texto respalda la propuesta del PIT-CNT de aplicar una sobretasa del 1% en el impuesto al patrimonio al sector más rico de la población, con la finalidad de erradicar la pobreza infantil. La medida se fundamenta en datos que la propia ATD cita: el 1% de mayores ingresos concentra más del 40% de la riqueza nacional y más del 37% de esa riqueza es heredada.
En el terreno presupuestal, el documento objeta que el aumento previsto para la ANEP en 2027 ascienda a $300 millones, cuando el organismo había solicitado $3.000 millones. También cuestiona los anuncios oficiales que descartan alcanzar el 6% del PIB para la educación pública en el actual período de gobierno. Como contraste, la ATD menciona los US$600 millones anuales que, según afirma, representan los privilegios de la Caja Militar.
Respecto a la tecnología educativa, la Asamblea sostiene que Ceibal ha ampliado sus competencias en perjuicio del Departamento de Tecnología Educativa Aplicada y Virtualidad de ANEP. Según el documento, esa expansión derivó en propuestas homogeneizantes que no atienden las realidades de cada centro. La ATD entiende que la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) debe definir la política pedagógica del subsistema, mientras que Ceibal debería cumplir un rol subordinado a esas definiciones. El texto advierte que, si esa distinción se pierde, las decisiones pueden quedar determinadas por hechos tecnológicos antes que por resoluciones pedagógicas.
La declaración también se pronuncia sobre la inteligencia artificial en la enseñanza: considera que su incorporación debe regirse por criterios éticos y pedagógicos. Denuncia la desaparición de cargos de acompañamiento pedagógico-tecnológico en el territorio y pide restablecerlos. Asimismo, reclama que los dispositivos de tecnologías de la información y la comunicación se distribuyan entre docentes de niveles 3, 4 y 5 años, directores, profesores y secretarios, colectivos que actualmente no acceden a esos recursos.
En el plano internacional, la ATD califica como «genocidio» la situación en Gaza y la de Cuba, esta última vinculada al bloqueo y al cerco energético que atribuye a Estados Unidos. El documento afirma que casi 100.000 personas aguardan una cirugía en Cuba —12.000 de ellas niños— y que 118.000 pacientes oncológicos carecen de tratamiento, incluidos 1.200 niños. También identifica a Estados Unidos como principal actor de injerencia en América Latina y cuestiona mecanismos como la guerra de baja intensidad, los golpes blandos y la violencia directa, además del avance de sectores neopentecostales en medios y partidos.
Sobre el nuevo programa escolar, la Asamblea propone incorporar los Derechos Humanos y ampliar los enfoques de género, decoloniales y afrocentrados, junto con saberes ancestrales, indígenas, afrodescendientes y populares. En Ciencias Sociales, plantea reforzar la historia reciente y la memoria colectiva, y resuelve conmemorar el Día de la Memoria cada 20 de mayo con intervenciones en todos los centros escolares. El documento también propone crear un instituto de investigación educativa dentro del Codicen, fortalecer equipos multidisciplinarios y revisar funciones y condiciones laborales del personal docente.
Qué cambia o a quién afecta
El cuestionamiento al rol de Ceibal tiene efectos concretos sobre la gobernanza del sistema educativo. Si las autoridades adoptan la posición de la ATD, se redefinirían las competencias entre la DGEIP y Ceibal, con un mayor peso de la primera en las decisiones pedagógicas y una función más acotada del segundo a la provisión de infraestructura y soporte. Esto impactaría en docentes, directores y estudiantes, que verían modificaciones en la implementación de plataformas y en la entrega de dispositivos. La discusión no es nueva: remite a la distribución de atribuciones entre los organismos del sistema y a la forma en que se diseñan las políticas digitales en las escuelas.
El respaldo a la sobretasa del 1% al patrimonio se inserta en la discusión presupuestal y en la agenda de financiamiento educativo. La ATD compara el aumento previsto para la ANEP con lo solicitado y critica la imposibilidad de alcanzar el 6% del PIB. Este planteo se dirige a los ámbitos de decisión política y busca incidir en el debate parlamentario y en la opinión pública. Los docentes y estudiantes son los destinatarios directos de cualquier cambio en la asignación de recursos, aunque la concreción de la sobretasa depende de una iniciativa que aún debe recorrer su propio trámite institucional.
En cuanto a los plazos, el documento no fija un cronograma, pero sus resoluciones se enmarcan en el ciclo de discusión del nuevo programa escolar y del presupuesto. La ATD reclama revisar el presupuesto de Ceibal y establecer acuerdos nacionales que respeten la territorialidad. También pide restablecer cargos de acompañamiento pedagógico-tecnológico y ampliar la entrega de dispositivos a docentes de niveles 3, 4 y 5 años, directores, profesores y secretarios. Estos pasos requerirían decisiones administrativas y presupuestales que involucran a la ANEP, el Codicen y el Poder Ejecutivo, por lo que su concreción dependerá de la voluntad política y de los tiempos institucionales.
Fuentes consultadas
- Fuente original: www.elobservador.com.uy (publicado el 17 de noviembre de 2026)