Las pruebas de admisión que aplica la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) han dejado al descubierto un panorama preocupante en la formación de los jóvenes venezolanos. Así lo sostuvo el vicerrector académico de esa casa de estudios, José Francisco Juárez, quien indicó que los resultados en las áreas de lenguaje y matemáticas son desfavorables tanto en planteles públicos como privados.
De acuerdo con el directivo, la institución ha venido examinando los exámenes de ingreso y los hallazgos muestran que los estudiantes llegan a la universidad con serias carencias en esas dos disciplinas. Juárez calificó la situación como grave y consideró que esos números retratan el estado actual de la educación y del propio país.
El educador vinculó esas deficiencias con las limitaciones que enfrenta una nación en desarrollo. En su opinión, el sistema educativo venezolano requiere mejoras sustanciales y aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar estándares similares a los de otras latitudes. Además, subrayó que una formación sólida es condición para el progreso y la modernización.
Juárez insistió en que el problema no compete únicamente a las universidades ni a los colegios de educación básica y media. A su juicio, la sociedad en su conjunto —incluidas las empresas, las instituciones y el Estado— debe asumir un papel activo y definir prioridades estratégicas para revertir el déficit. También destacó que una enseñanza de calidad forma profesionales con capacidad crítica, lo que resulta clave para el futuro del país.
Qué cambia o a quién afecta
El señalamiento de la UCAB coloca en el centro de la discusión a los bachilleres que buscan cupo en la educación superior. Si las bases en lenguaje y matemáticas son débiles, esos jóvenes enfrentan mayores obstáculos para aprobar las pruebas de admisión y, más adelante, para seguir sus carreras sin dificultades. El impacto se extiende al sector productivo, que requiere personal con competencias mínimas para desempeñarse en distintos oficios y profesiones.
La propuesta de una “sociedad educadora” implica que los distintos actores revisen su rol. Las empresas podrían vincularse con programas de formación o apoyo a escuelas; los planteles, tanto públicos como privados, tendrían que evaluar sus métodos y resultados; y el Estado queda interpelado a diseñar políticas y asignar recursos. Sin embargo, el texto no precisa compromisos concretos ni calendarios, por lo que no es posible anticipar medidas específicas a corto plazo.
El antecedente inmediato es el propio proceso de admisión de la UCAB, que sirvió como termómetro para detectar las fallas. Se espera que la universidad mantenga el monitoreo de sus aspirantes y que otras instituciones repliquen ejercicios similares. La magnitud del problema sugiere que cualquier avance requerirá coordinación sostenida entre sectores, aunque no se mencionan plazos ni responsables definidos para ejecutar los cambios.
Fuentes consultadas
- Fuente original: primicia.com.ve (publicado el 15 de noviembre de 2026)